Pena ajena

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José Zaldívar

Los comicios llevados a cabo este 4 de julio en Quintana Roo y 13 entidades más de la República Mexicana, con los que se renovarán congresos locales, alcaldías y 12 gubernaturas, han ocurrido en un contexto particularmente adverso y quedarán marcados por la descomposición sobre aviso y “a la carta”: De las alianzas PRD / PAN que enturbiaron las aguas electorales, a la firma y traición de los acuerdos de Bucareli entre priístas y panistas para canjear votos legislativos fiscales por inhibición selectiva de esos pactos de partidismos desesperados, a la difusión desestabilizadora de grabaciones de gobernadores priístas en conversaciones de criminalidad política, a la comisión de delitos contra la integridad personal de candidatos de diverso nivel, a la aprehensión del candidato perredista a gobernador en Quintana Roo por sus vínculos con los cárteles de la droga y el tráfico de indocumentados, hasta llegar a la ejecución del candidato priista para la gubernatura de Tamaulipas.

Llevando este periodo electoral a dar políticamente el salto cualitativo que lleva de la guerra contra el narcotráfico a la guerra contra lo político. La inviabilidad electoral demostrada a punta de cuerno de chivo, las pugnas entre grupos políticos llevadas a su expresión terminal, la vida institucional convertida en esquirla o casquillo detonado.

Al creciente y generalizado descrédito institucional, particularmente el de los organismos electorales, se suma la profundización de la crisis de representatividad del sistema político vigente, y el avance de la incertidumbre y el desasosiego de la población como consecuencia de la violencia y la inseguridad pública.

Un elemento de contexto insoslayable es la renuncia de Arely Gómez González a la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ocurrida el pasado miércoles. Que la instancia encargada de fiscalizar y perseguir los delitos electorales quede acéfala a cuatro días de los comicios sería inaceptable y preocupante en cualquier contexto, pero en el actual convergen, además, un desaseo político generalizado y la proliferación de conductas que pueden ser consideradas como violatorias de los códigos en esa materia.

En días recientes, la intensificación de la presencia mediática del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón –quien ligó tres cadenas nacionales en una semana para resaltar los logros estadísticos de su administración–, presentó a la opinión pública la imagen de un gobernante volcado a hacer proselitismo en favor de su partido. Por su parte, las distintas fuerzas políticas han adoptado como estrategia casi única el descrédito y el golpeteo de los adversarios por distintos medios, entre los que destacan el establecimiento de alianzas partidistas sin otro fundamento que el pragmatismo político, la aplicación exasperante de las tácticas de guerra sucia y el empleo indebido de recursos gubernamentales en las campañas.

Este desgaste institucional y de representatividad bastaría por sí solo para minar el ánimo del electorado, pero estos comicios están marcados además por la irrupción de la violencia y la criminalidad, como se expresa en el asesinato de aspirantes a diversos cargos y personeros políticos, entre los que destaca el del abanderado priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, ocurrido hace una semana. Tales hechos, además de constituir crímenes condenables que desmienten la prédica oficial del debilitamiento de la delincuencia organizada, alteran en forma inevitable el escenario electoral y el veredicto popular, por cuanto restringen a la ciudadanía la libertad de designar a sus gobernantes y sus representantes y, al agudizar el sentir de temor y zozobra en la población, merman las perspectivas de una participación amplia y espontánea.

En suma, la jornada electoral se desarrollo con márgenes de certeza y credibilidad por demás estrechos. De persistir esta tendencia, que es en sí misma un indicador del estancamiento –si no es que del retroceso– en el desarrollo democrático de México, se corre el riesgo de que el país asista, en los comicios federales de 2012, a un escenario aun peor que el vivido en 2006, cuando la elección presidencial, lejos de culminar una transición exitosa a la normalidad democrática, multiplicó y profundizó los factores de polarización política y social, y exhibió, en toda su crudeza, los límites de un sistema político que, según puede verse, no da para más.

Más allá de los resultados de este domingo en las elecciones para gobernador que se realizaron en 14 estados, queda claro que la mafia del poder, formada por 30 familias que se han beneficiado con la ilegal y corrupta repartición de los bienes del país, así como el círculo de políticos que les sirven, puede imponer a sus candidatos, ya sea con los colores del PRI o del PAN, pero con el mismo fin, que es el de continuar con el saqueo de los bienes de la nación y protegiendo las inmensas fortunas que en un lapso de menos de 30 años han logrado amasar.

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