Niñas criminales

 

Por Flor del Campo

Durante la administración del gobernador del estado Félix González Canto, se aprobó en el Congreso Local, la llamada Ley Piña, iniciativa que fue puesta a debate y posteriormente a aprobación por la diputada Laura Fernández Piña, una de las más allegadas al mandatario estatal, con la cual se obliga a las niñas que producto de violaciones han quedado embarazadas a dar a luz, causado polémica entre las organizaciones sociales, pues se les considera criminales si deciden abortar.

Según el argumento de Fernández Piña, el hecho no gira en satanizar a la menores de edad que deciden interrumpir el embarazo por haber sido ultrajadas sexualmente, sino en defender al derecho a la vida.

De hecho en el DIF estatal que preside Narcedalia Martín de González, mantiene a 16 menores de edad recluidas en la casa de Asistencia Temporal (CAT) del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, que serán obligadas a tener el producto a pesar de haber sido violadas por familiares o maestros. En algunos casos se corre el riesgo la vida de las niñas por su corta edad.

Al respecto Martín de González, permanece hermética en el asunto, se niega a dar declaraciones o dar una opinión al respeto pretendiendo dar carpetazo a más de 881 casos de menores que fueron violadas y embarazadas el año pasado.

Quizás el caso más reciente es de una niña de 11 años que fue violada por su padrastro y que ha causado indignación social, el hecho de que no podrá interrumpir la gestación, dado que la ley se lo impide.

Ante ello la periodista y defensora de los derechos de los niños y niñas, Lidia Cacho, indicó que es un crimen obligar a las menores a seguir con el embarazo, además de que las víctimas no reciben una oportuna atención psicológica ni asesoría legal por parte del estado.

“En un escenario ideal el Ministerio Público explicaría que la ley le permite tomar de inmediato un tratamiento para prevenir un embarazo potencialmente peligroso, pero no lo hace”, refirió

Incluso, señaló que el DIF debería dar terapia a la familia, no lo hace. No debe separar a las menores de su madre (a menos que sea cómplice) y es el primer paso que ejecuta la instancia que según vigila en bienestar de la familia.

Otros cómplices de estas imposiciones que atentan contra la integridad de la víctimas, son los médicos la Secretaría de Salud que a pesar de que admiten que el embarazo de las niñas es de alto riesgo, se niegan a certificarlo por escrito,

Asimismo Hada Castillo la única diputada priísta que votó en contra de la ley antiaborto aprobada el 21 de abril de 2009, dijo que es lamentable que por cuestión es religiosas o una moral mal atendida, las víctimas se le considere criminales y a parte se ponga en riesgo la vida.

Bajo ese panorama las organizaciones civiles exigieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la menores violadas y es especifico de a menor de 10 años ultrajada por su padrastro en Chetumal, la cual desató la polémica por esta ley que fue promovida por Fernández Piña.

Incluso los colectivos no gubernamentales también cuestionaron el silencio de la presidenta local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sobre el manejo tendencioso de esa institución. 


Así lo expresaron en entrevistas por separado, Gabriela Rojo, de la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida; María Luisa Sánchez y Marta Lamas, del Grupo de Información de Reproducción Elegida; la periodista y el ex titular del DIF nacional, Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

Según cifras del Unicef y de Salud estatal, en Quintana Roo prácticamente se triplican los casos de abuso sexual, junto a otras entidades. En 2009, 881 menores de edad resultaron embarazadas por violación sexual, y este año por ese motivo ya suman 458 los embarazos de adolescentes.

Los activistas advirtieron que las autoridades locales desdeñan la problemática e incumplen la norma oficial mexicana 046, sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención

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