Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió que la PGR devuelva las cajas de seguridad de First National Security (FNS) en Cancún

  • 1 abril, 2018 |

Cancún. – Pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Procuraduría General de la República (PGR) a que devuelva, a la brevedad posible, las pertenencias a los usuarios de la empresa First National Security (FNS) que aún no las tienen consigo.
A través de la recomendación 06/2018, publicada el 28 de marzo, la CNDH dio un plazo de cuatro meses a la PGR para diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la dependencia que intervenga en operativos de cateo.
La Dirección General de Comunicación (DGC) de la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que informó que el organismo emitió la recomendación derivado de la falta de una debida diligencia ministerial y excesos durante la orden de cateo a las oficinas de FNS, situadas en la súper manzana 4 de Cancún.
La CNDH señaló “la falta de la debida diligencia ministerial y excesos durante la ejecución de una orden de cateo, atribuibles a personal de la PGR, derivó en violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de quienes arrendaban cajas de seguridad de una empresa privada ubicada en Cancún, Quintana Roo”.
Además, estableció que si bien el cateo fue autorizado judicialmente en un inicio, se omitió informar al Juez de Control que el objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público.
Agregó que “Por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial”, señaló.
Asimismo, CNDH recomendó a la PGR “que, conforme a derecho, se devuelvan a la brevedad las pertenencias a las personas usuarias de las cajas de seguridad que aún no hayan sido devueltas; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia que presente ante la Visitaduría General de la propia institución contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso de la ejecución del cateo”.
Indicó que “en plazo de cuatro meses a partir de aceptada esta recomendación, deberá diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la PGR que intervenga en operativos de cateo, y elaborar un protocolo de actuación homologado sobre la debida diligencia ministerial apegándose a los Artículos 14 y 16 Constitucionales”.
Dijo que los dos servidores públicos involucrados son el Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la ejecución del cateo y el Fiscal Coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

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