Exigen amparo constitucional por falta de respuesta de Cancún y Solidaridad

Cancún.- Hugo González Reyes, secretario de acción política de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocm) informó que hoy, el grupo de abogados pertenecientes a su organización, entregó ante un juzgado federal tres solicitudes de amparo: Una de ellas es para exigir del municipio de Benito Juárez respuesta a la exigencia que hicieran por escrito, a fin de que convoque a consulta pública sobre la aprobación o no de la construcción del hotel Gran Solaris junto a Playa Delfines; otra solicitud es para exigir respuesta del Ayuntamiento de Solidaridad respecto de los detalles de la eventual concesión y habilitación de parquímetros en Playa del Carmen, y una más es en contra de la recién decretada Ley de Seguridad Interior.

Acompañado por el dirigente estatal de la Ugocm, Mauricio Delfín Avendaño, y por el dirigente en Benito Juárez, Alfredo González Sánchez, el titular de la estrategia política de la organización obrera y campesina detalló que, para el caso del municipio de Benito Juárez, se ingresó una solicitud tendiente a que, con base en el artículo 34 fracción III de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la construcción del Hotel Solaris.

Aclaró que, aunque el Ayuntamiento ha detenido las obras de manera temporal, sólo es en tanto revisan la documentación que autorizó la habilitación de la obra; por lo que la consulta se tiene que realizar, al ser una acción jurídica distinta.

González Reyes aseguró que la cancelación temporal de la obra es una simulación por parte del presidente municipal, Remberto Estrada Barba y el regidor Antonio Meckler y agregó que la consulta popular sobre la conveniencia o no de seguir construyendo es una garantía establecida en la Lgeepa.

Respecto de lo que buscan con el amparo ante la negativa de respuesta por parte del Ayuntamiento de Solidaridad, González Reyes aclaró que, de la misma forma en que se hizo la petición al Ayuntamiento de Benito Juárez, se solicitó al de Solidaridad que informara por escrito los pormenores respecto de la concesión que por 15 años habrían autorizado en favor de una empresa particular, la cual instalaría y operaría parquímetros en Playa del Carmen.

Ante la falta de respuesta, se ha pedido la protección de la justicia federal, al ser una violación a la Ley de Transparencia, que marca un plazo máximo de 15 días para responder a una solicitud de información, pero que el municipio ha indebidamente alargado a más de un mes, sin explicación o respuesta.

“No queremos pensar que la concesión se estaría entregando a alguna empresa cercana a la presidenta municipal Cristina Torres, a quien estarían financiando su campaña proselitista de reelección”, dijo el activista.

Advirtió que tanto el Ayuntamiento de Benito Juárez como el de Solidaridad violentan el artículo octavo de la Constitución que garantiza el derecho de petición y la obligación de los funcionarios e instituciones a responder.

La tercera petición de amparo tiene que ver con la recién decretada Ley de Seguridad Interior. Al respecto, Higo González Reyes detalló que su sola promulgación es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se determina que el Ejército no puede asumir la labor de las policías.

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